El mundo laboral está en constante evolución, y las leyes que lo regulan también. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha traído buenas noticias para un colectivo de trabajadores que, hasta ahora, se enfrentaba a ciertas limitaciones: los trabajadores fijos discontinuos.
En una decisión histórica, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha reconocido el derecho de las empleadas del hogar a cobrar la prestación por desempleo por los años cotizados antes del 1 de octubre de 2022, fecha a partir de la cual se hizo obligatoria la cotización en el régimen especial.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha emitido una sentencia innovadora en materia de derechos digitales, condenando a una empresa a indemnizar a un trabajador por vulnerar su derecho a la desconexión digital. Este fallo, que establece un precedente importante, reconoce la importancia de respetar los tiempos de descanso y privacidad de los empleados en una era cada vez más digitalizada.
En el ámbito del Derecho Laboral, uno de los temas que más controversia genera es la indemnización por despido improcedente. La legislación española establece una indemnización tasada de treinta y tres días por año trabajado, pero ¿es posible que un trabajador reciba una indemnización complementaria a la legalmente establecida? La respuesta, según la reciente Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 de enero de 2023, es sí.
La Dirección General de Tributos (DGT) ha establecido las implicaciones fiscales del pago de un máster a empleados, generando claridad sobre quién debe tributar en el IRPF por esta modalidad de beneficio laboral.
En el dinámico mundo laboral contemporáneo, la movilidad geográfica se ha convertido en una realidad omnipresente. Las empresas, en su afán por mejorar su competitividad y asegurar su supervivencia, recurren a diversas medidas de flexibilidad laboral. Entre estas medidas, se destacan el desplazamiento y el traslado de trabajadores, dos términos que a menudo se confunden pero que tienen diferencias fundamentales.
Según la doctrina fijada por el TS, se debe considerar la actividad efectiva desempeñada durante uno o dos años, excluyendo los días en los que no se realiza ninguna actividad laboral.
La figura de los trabajadores fijos discontinuos ha sido objeto de atención y controversia en el ámbito político y laboral, generando tensiones notables entre diferentes actores, incluida la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el Gobierno. En este contexto, el Tribunal Supremo ha emitido recientemente sentencias clave que abordan el derecho de estos trabajadores a percibir complementos por antigüedad, arrojando luz sobre una situación que ha estado en el centro de la polémica.
La obligatoriedad para empresas con más de 50 empleados de elaborar Planes de Igualdad ha sido una evolución constante en la normativa laboral. Sin embargo, una problemática recurrente ha surgido: ¿qué ocurre cuando una empresa no tiene representación sindical al negociar su Plan de Igualdad?
El Tribunal Supremo ha emitido una resolución trascendental en relación con los plazos para impugnar despidos en el ámbito de la Administración. Esta sentencia unifica doctrina, estableciendo que, ante defectos formales en la notificación de la extinción laboral que suspendan el plazo de caducidad, el tiempo máximo para impugnar un despido de la Administración será de un año.
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