En fecha 26 de noviembre de 2019 se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea la nueva Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. La presente Directiva entró en vigor oficialmente el pasado 17 de diciembre, dejando a los Estados miembros un periodo de 2 años para trasponer la Directiva en sus respectivos ordenamientos nacionales.

Los Tribunales ya han asumido la responsabilidad penal de las empresas por los delitos cometidos por sus administradores, representantes legales o por quienes están sometidos a la autoridad de éstos (trabajadores, voluntarios, etc.).

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en el Código Penal a través de la promulgación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, quedando regulada en el art.31 bis CP.

Las reformas del Código Penal llevadas a cabo por las Leyes Orgánicas 5/2010, de 22 de junio y 1/2015, de 30 de marzo, introdujeron la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este mismo año, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, ha modificado diversos delitos del Código Penal por los cuales puede responder una compañía, reafirmando así una cultura de cumplimiento normativo.

En la Circular nº 108/19 introdujimos algunas de las características fundamentales de la figura del Responsable de Cumplimiento normativo o Compliance Officer dentro de la empresa. Con la presente circular pretendemos analizar el deber y derecho relativo al secreto profesional del abogado que ocupa el cargo de Responsable de Cumplimiento.