La reforma, en vigor con carácter general desde el 10 de abril de 2026, afecta directamente al funcionamiento societario, a los derechos de las personas socias y a la organización interna de las cooperativas sometidas al régimen estatal.
La normativa española limita el uso del efectivo en determinadas operaciones económicas con el objetivo de reforzar el control fiscal y reducir la economía sumergida.
La convivencia entre locales de negocio y viviendas dentro de una comunidad de propietarios genera numerosos conflictos prácticos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido fijando criterios claros que buscan equilibrar el derecho a desarrollar una actividad económica con la protección de la comunidad.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es uno de los tributos municipales más habituales, pero también uno de los que más dudas genera cuando la titularidad del inmueble está dividida.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reforzado recientemente las garantías en materia de protección de datos personales,
Cuando un particular obtiene un premio en un sorteo promocional (por ejemplo, organizado por una marca en Instagram), dicho premio no se considera un rendimiento del trabajo ni de actividades económicas.
En el momento de la extinción de una relación laboral, es habitual que el trabajador perciba una cantidad económica global que suele identificarse de forma genérica como “finiquito”. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, resulta esencial distinguir correctamente los conceptos que lo integran, ya que su tratamiento en el IRPF no es uniforme.
En la planificación patrimonial, las donaciones en vida son una herramienta frecuente. Sin embargo, su aparente simplicidad puede esconder importantes consecuencias en el momento de repartir la herencia, especialmente en lo que respecta a las legítimas.
La Audiencia Nacional ha dictado recientemente una sentencia de gran relevancia en materia laboral, reforzando el principio de igualdad de trato entre trabajadores contratados directamente por una empresa y aquellos que prestan servicios a través de una empresa de trabajo temporal (ETT).
El Tribunal Supremo ha confirmado recientemente que los propietarios pueden instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos en su plaza de garaje sin necesidad de obtener la aprobación de la comunidad de propietarios.
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