En fecha 26 de noviembre de 2019 se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea la nueva Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. La presente Directiva entró en vigor oficialmente el pasado 17 de diciembre, dejando a los Estados miembros un periodo de 2 años para trasponer la Directiva en sus respectivos ordenamientos nacionales.

Los Tribunales ya han asumido la responsabilidad penal de las empresas por los delitos cometidos por sus administradores, representantes legales o por quienes están sometidos a la autoridad de éstos (trabajadores, voluntarios, etc.).

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en el Código Penal a través de la promulgación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, quedando regulada en el art.31 bis CP.

Las reformas del Código Penal llevadas a cabo por las Leyes Orgánicas 5/2010, de 22 de junio y 1/2015, de 30 de marzo, introdujeron la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este mismo año, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, ha modificado diversos delitos del Código Penal por los cuales puede responder una compañía, reafirmando así una cultura de cumplimiento normativo.

En la Circular nº 108/19 introdujimos algunas de las características fundamentales de la figura del Responsable de Cumplimiento normativo o Compliance Officer dentro de la empresa. Con la presente circular pretendemos analizar el deber y derecho relativo al secreto profesional del abogado que ocupa el cargo de Responsable de Cumplimiento.

El I Congreso de Compliance en Barcelona celebrado recientemente abordó, entre otras cuestiones, una temática de gran relevancia como es la figura del Responsable de Cumplimiento normativo o Compliance Officer dentro de la empresa.

Uno de los sectores más sensibles en cuanto a evaluación de riesgos penales se refiere es el alimentario, pues la contaminación de un único alimento puede derivar en una intoxicación masiva hacia el consumidor.

Son numerosas las empresas que, en fechas de presentar el Impuesto sobre Sociedades, tienen dudas acerca de si no liquidar el referido impuesto implica algún tipo de responsabilidad penal para la compañía.

La Sentencia del Tribunal Supremo 234/2019, de 8 de mayo, se pronuncia nuevamente sobre uno de los aspectos de mayor relevancia del ámbito penal actual: la responsabilidad penal de las empresas.