En un giro que sacude al sector turístico, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia y otorga un mayor poder a las comunidades de vecinos. Así pues, ha avalado el derecho de estas comunidades a prohibir el alquiler turístico de viviendas, esclareciendo el intenso y reciente debate que ha polarizado a propietarios, inquilinos y el sector turístico en general.
La propiedad del inmueble trae consigo una gran cantidad de debates y confusiones, por ello, el Tribunal Supremo ha vuelto a dejar claro que, independientemente de los acuerdos privados o de las aportaciones realizadas por cada miembro de una pareja, la propiedad de una vivienda se determina por lo que figura en el Registro de la Propiedad.
Cuando nos sumergimos en el mundo del arrendamiento de propiedades, ya sea para disfrutar de una escapada estival en la costa o para establecer un hogar permanente, es esencial comprender las diferencias entre el arrendamiento de temporada y el de vivienda habitual. Estas distinciones no solo afectan a la duración del contrato, sino también a los derechos y protecciones que se otorgan al inquilino. Profundicemos en estas diferencias cruciales para entender mejor cómo influyen en la experiencia de arrendamiento.
En este contexto, se destaca que Cantabria se incluye dentro de las cuatro comunidades autónomas en las que el arrendador no está obligado a depositar la fianza correspondiente en la Tesorería de la Comunidad Autónoma al formalizar contratos de arrendamiento urbano, ya sean para vivienda o para local comercial, junto al Principado de Asturias, la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.
Según reza el artículo 1902 del Código civil: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.
La vivienda es un derecho y, de hecho, el Gobierno de España tiene la intención de aprobar en 2023 una Ley específica a tal efecto. Ya les hacíamos referencia a ello en nuestro blog, descubriendo las claves del proyecto de ley.
Los contribuyentes que no pudieron reclamar las liquidaciones firmes de la plusvalía municipal tras vender o transmitir inmuebles en pérdidas, tienen la oportunidad ahora de reclamar. Así se traduce tras el fallo del Tribunal Constitucional del pasado 26 de septiembre.
Una comunidad de propietarios no puede vetar “de forma general e injustificada” una actividad en principio “perfectamente legal y lícita”, aseguró el Magistrado-Juez.
Los propietarios temen que esta medida se alargue demasiado en el tiempo, mientras se mantengan las altas tasas de inflación.
El TSJ de Extremadura anula un desahucio porque no se adoptaron las medidas necesarias, al tratarse de una persona especialmente vulnerable.
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