Entrevistamos a nuestro director, Ángel Sánchez y Resina, para profundizar en las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y en otros temas de actualidad jurídica.

Tras la paralización de la Administración de Justicia durante el estado de alarma y el consiguiente retraso en los procesos judiciales, ¿cómo está siendo la vuelta al trabajo para los abogados?

En realidad, no podemos hablar de vuelta al trabajo ya que la abogacía nunca ha dejado de trabajar. Durante el estado de alarma, si bien disminuyó mucho el volumen de trabajo en los Juzgados, nunca dejaron de funcionar del todo por lo que se debía de estar siempre listo.

Desde su punto de vista, ¿ha servido la habilitación de agosto como mes hábil de trabajo?

Habilitar 20 días de agosto no ha tenido efecto alguno, más que dejar a todos los abogados y procuradores sin posibilidad de disfrutar de sus vacaciones. Si al retraso inherente de la administración de justicia, que viene de años atrás, se le añaden los meses del estado de alarma, la habilitación de 20 días no es más que una medida de cara a la galería.

Tras el fin del estado de alarma, ¿qué aspectos jurídicos deben tener en cuenta las CC. AA a la hora de legislar y gestionar el control de la pandemia?

Desde mi punto de vista, legislar lo menos posible y gestionar con transparencia, sin engañar y con criterios siempre técnicos y no políticos.

Desde el despacho de AESYR & Abogados, ¿qué tipo de reclamaciones relacionadas con la pandemia o con su gestión les llegan?

Sobre todo renegociaciones de contratos de alquileres comerciales, empresas con problemas de solvencia, asuntos de familia a los que ha trastocado el confinamiento y también muchos asuntos laborales por la situación de ERTES, despidos y demás situaciones provocadas por la pandemia.

Como miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en los procedimientos en esta materia?

Principalmente dos: en primer lugar, la paralización y retraso de los procedimientos. Hay que entender que en familia se tratan temas muy delicados como la custodia de los hijos, los regímenes de visitas y las prestaciones económicas. Regular estas situaciones es crucial y durante varios meses se han visto paralizadas, quedando muchas familias sin tener regulada las relaciones entre padres e hijos y sin garantizar su cumplimiento.

En segundo lugar, con la limitación de movimientos se ha dado un supuesto que no estaba previsto en relación con los regímenes de visitas. Los padres no sabían cómo actuar y si podían seguir cumpliendo con las entregas y recogidas de los menores. Muchas veces esto supone el desplazamiento entre distintas localidades y esta situación no se reguló.

 

El director de AESYR & Abogados en su despacho.

 

A finales de junio, el CGPJ aprobó una Guía de Criterios de Actuación Judicial en Materia de Custodia Compartida. ¿Hemos tenido que sufrir una pandemia para que la Justicia actualice sus procedimientos de familia o es pura casualidad?

Ha sido una mera casualidad, pero bienvenido sea para mejor comprensión y claridad al respecto.

Ya que hablamos de la guía, ¿qué le parece?

Me parece adecuada, sin perjuicio de diferir de algún criterio, lo importante es la seguridad jurídica que se puede conseguir.

¿Se están arrinconando otros temas jurídicos de actualidad debido a la crisis sanitaria?

Más que arrinconados, muchos asuntos se han visto retrasados. Es algo común por toda España. Lo hemos notado, en especial, con las reclamaciones que llevamos en relación con el cartel de camiones, si bien actualmente los Juzgados ya las están reactivando de nuevo y los procedimientos siguen su curso. 

Ya que lo menciona, como miembro del Consejo del Transporte y la Logística de la CEOE, ¿cuál es el posicionamiento de la CEOE respecto a la reciente ratificación de la sanción contra Scania por el cártel de camiones?

La ratificación de la sanción era previsible ya que todos los demás fabricantes aceptaron la Decisión de la Comisión, solo Scania se mostró contraria. Ha quedado más que acreditado que durante casi 15 años se pactaron precios, por lo que está claro que los perjudicados tienen derecho a actuar frente a quienes realizaron las conductas contrarias al Derecho Europeo, entre ellos Scania.

Su despacho es socio de Hispajuris en Cantabria, firma que lidera actualmente la gestión de reclamaciones contra este cártel, ¿tienen posibilidades de recuperar su dinero los propietarios de camiones afectados?

Hasta ahora, todas las sentencias obtenidas por los despachos socios de Hispajuris han sido estimatorias. Lógicamente, establecer la cuantía de la indemnización es potestad de cada juez, por lo que los criterios no son siempre los mismos. Pero en todos los procedimientos se ha obtenido una indemnización a favor de los afectados por el sobrecoste sufrido cuando adquirieron los camiones.

Para terminar, hablamos de Cantabria: cuéntenos cómo ve el futuro de la región y los principales retos para su economía.

Estamos en una región privilegiada en casi todos los sentidos. Su mayor problema es la falta de masa crítica, una población mayor le daría mayor estabilidad para las industrias y los negocios. Por otro lado, la dependencia del turismo estacional es grande y es algo que se nota. Solo el talento de la gente y su ingenio ayudan a tirar hacia delante.