En un breve plazo comenzarán a resolverse el más de un centenar de procedimientos judiciales iniciados por Hispajuris -que representa a más de 19.000 afectados- contra los fabricantes europeos de camiones que fueron sancionados por pactar un sobreprecio a sus vehículos, tal y como confirma Ángel E. Sánchez y Resina, responsable de área de Hispajuris en la reclamación frente a los fabricantes de camiones, habiéndose ya señalado y celebrado numerosas Audiencias Previas, así como dos juicios que se encuentran pendientes de sentencia.
Como ya es conocido, el 19 de julio de 2016 la Comisión Europea hizo público que varias sociedades fabricantes de camiones habían cometido -durante el periodo 17 de enero de 1997 a 18 de enero de 2011- una serie de conductas ilegales al constatarse la existencia de acuerdos y prácticas concertadas para la fijación de los precios de los camiones. Por esta razón, la Comisión Europea sancionó a los fabricantes de camiones MAN, Volvo, Renault, Daimler, Iveco y DAF, por infringir el art. 101 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y el art. 53 del Acuerdo EEE, que prohíbe cárteles y otras prácticas restrictivas de la libre competencia.
Transcurridos dos años desde el encargo profesional a Hispajuris por parte de propietarios de más de 19.000 vehículos adquiridos durante el periodo en que el cártel de camiones tuvo lugar (1997-2011), nos confirma Ángel E. Sánchez y Resina, la presentación, en una primera tanda, de más de un centenar de demandas -traducidas al alemán, italiano, holandés, francés o sueco, según el fabricante demandado- cubriendo la práctica totalidad de los Juzgados españoles de lo Mercantil, habiéndose ya señalado y celebrado numerosas Audiencias Previas, así como dos juicios que están pendientes de sentencia. Aunque a fecha de hoy, debido a la lentitud de la tramitación de los procedimientos, propia de la Administración de Justicia, agravado por el entorpecimiento sistemático de los mismos por los fabricantes, aún quedan muchas Audiencias Previas y Juicios pendientes de celebrar de esas primeras cien demandas presentadas hace más de un año.
La mayoría de las demandas interpuestas por nuestra firma Hispajuris en todo el territorio español, han sido contestadas por los distintos fabricantes solicitando en la práctica totalidad de los asuntos que se declare la nulidad del emplazamiento realizado y planteando declinatoria por falta de jurisdicción de los tribunales españoles. Por nuestra parte hemos defendido la validez de los emplazamientos realizados y la competencia de la jurisdicción española para conocer sobre estas demandas por corresponder al lugar en que se ha materializado “el perjuicio” sufrido por los propietarios de camiones. A día de la fecha, esta estrategia procesal de los fabricantes de camiones ha fracasado, siendo favorables todas las resoluciones obtenidas al respecto.
No obstante, como ya se ha adelantado, el pasado 28 de marzo celebramos en el Juzgado mixto de lo Mercantil y de Primera Instancia nº 6 de Logroño el primer juicio frente al fabricante IVECO, en el Procedimiento Ordinario nº 532/2018. Posteriormente, el 4 de julio tuvo lugar en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo el juicio de otro cliente de Hispajuris relativo al Procedimiento Ordinario 148/2018 iniciado frente al fabricante DAIMLER. Ambos asuntos se encuentran pendientes de sentencia. Asimismo, el próximo día 13 de Septiembre celebraremos en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra juicio frente al fabricante MAN. Una vez conozcamos el resultado de estas tres primeras sentencias en procedimiento defendidos por Hispajuris, procederemos a ir presentado el resto de demandas pendientes hasta completar el montante total de encargos profesionales realizados.
Estamos convencidos de que nuestra demanda –preparada y desarrollada de forma exhaustiva durante cerca de un año por nuestros mejores especialistas en la materia- y el informe pericial presentado con la misma son de lo más acertado, a nuestro entender. No obstante, lo mismo que a raíz de las contestaciones a la demanda formuladas por todos los fabricantes no se ha visto la necesidad de modificar o ampliar los argumentos de nuestra demanda en ningún sentido, si hemos creído positivo realizar una segunda versión del informe pericial con el único objeto de ampliar aún más la muestra de vehículos utilizada, a la vista de las contestaciones realizadas por los fabricantes y de las Audiencias Previas y Juicios celebrados. Y no porque el primer informe no fuera completo, que lo era y mucho, sino porque de la información facilitada por los fabricantes se ha podido extraer información con la que precisar aún más la cuantificación del daño causado por el cartel de los fabricantes de camiones.
El informe pericial que se acompaña a nuestras demandas viene a cuantificar el perjuicio económico sufrido por las distintas empresas, en el periodo en el que el fabricante estaba participando en el cártel, a través de varios métodos comparativos (comparación diacrónica, comparación con otros mercados geográficos y comparación con datos de otros mercados de productos) y de simulación (métodos de simulación y métodos basados en costes y métodos financieros). El estudio ha sido realizado por un nutrido equipo de economistas, miembros del Departamento Forensic Accountants (pérdida de beneficios y riesgos financieros) del Grupo Addvalora, y por el Profesor de Econometría de la Universidad Complutense de Madrid, Dr. Andrés Bergé Gil. En este sentido, resulta necesario destacar la labor de estudio e investigación realizada por estos peritos, que viene a garantizar -al menos esa es nuestra opinión- un resultado positivo de nuestras reclamaciones.
Hispajuris constituye la firma de servicios jurídicos con mayor implantación territorial en España (36 sedes) y la única con abogados locales experimentados en todas las ciudades que conocen la realidad en la que opera la empresa, lo que permite prestar un servicio de proximidad y con un nivel de calidad homogéneo en todas las ciudades, en todas las áreas del derecho. Asimismo Hispajuris representa un nuevo modelo de despacho global de abogados que aúna, de un lado, la fuerza del despacho local que conoce la realidad socioeconómica, administrativa, judicial y normativa de su entorno, y, del otro, los rasgos propios de grandes firmas como son la amplitud de especialidades gracias a los más de 600 profesionales integrados en las distintas áreas de práctica de la firma.
