Las reformas del Código Penal llevadas a cabo por las Leyes Orgánicas 5/2010, de 22 de junio y 1/2015, de 30 de marzo, introdujeron la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este mismo año, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, ha modificado diversos delitos del Código Penal por los cuales puede responder una compañía, reafirmando así una cultura de cumplimiento normativo.
Dentro del sector asistencial, las residencias geriátricas son entidades que pueden adquirir responsabilidad penal por la actuación negligente de trabajadores (o personal voluntario), directivos o administradores. Esto es así debido a las numerosas actividades de riesgo que realizan las residencias.
Por ejemplo, una mala administración de medicamentos a los residentes, bien por administrarlos por error, sin la correspondiente prescripción médica o por estar caducados, puede suponer la comisión de un delito contra la salud pública, tipificado en el artículo 361 del Código Penal, y por el que puede responder una residencia.
Igualmente, debe prestarse especial atención a las estafas a los residentes, las relaciones con la Administración Pública o incluso el blanqueo de capitales para algunas entidades.
Debido a que el compliance genera gran preocupación en el sector asistencial, desde Escura se han realizado diversas jornadas, en colaboración con Inforesidencias, relacionadas con la responsabilidad en el sector asistencial: responsabilidad civil, administrativa y penal (Compliance Penal).
Los programas de compliance son el único instrumento que permite exonerar de responsabilidad penal a cualquier empresa. No obstante, deben ser personalizados y estar adaptados a la realidad de cada entidad y a su actividad, analizando los riesgos concretos y estableciendo las medidas oportunas para reducir la posibilidad de comisión de delitos y, en caso de que se cometan, actuar para erradicarlos.
Con el compliance, se evitan así las penas de multa, disolución, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de realizar las actividades en cuyo contexto se haya cometido el delito, imposibilidad de obtener subvenciones u otras ayudas públicas, etc., que podrían imponérsele a una residencia por haberse cometido en su seno.
