El Juzgado 104 de Madrid, especializado en contratos bancarios, productos financieros y de inversión, ha dado un paso al frente en la lucha contra las prácticas abusivas de las entidades financieras.
La jubilación parcial es un derecho que permite a los trabajadores reducir su jornada laboral y percibir una parte de su pensión antes de la edad de jubilación ordinaria. Sin embargo, el proceso para acceder a ella puede ser complejo, y una de las dudas más frecuentes es si la empresa puede denegar esta solicitud.
Una reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha generado un intenso debate en el ámbito laboral, al clarificar los límites del registro salarial obligatorio en las empresas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado luz verde al Real Decreto 87/2025, un documento que marca un hito en la política laboral española al establecer el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este año 2025.
En AESYR & Abogados, estamos de celebración. Este año, cumplimos 40 años de trayectoria, brindando servicios legales de la más alta calidad a nuestros clientes. Cuatro décadas de compromiso y dedicación a vuestro lado.
En una reciente resolución, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha clarificado un aspecto importante sobre las sanciones tributarias relacionadas con sociedades: estas no se transmiten a los herederos de los socios fallecidos. Esta decisión revoca criterios anteriores y sienta un precedente relevante para la interpretación de la Ley General Tributaria (LGT).
En fecha 26 de noviembre de 2019 se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea la nueva Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. La presente Directiva entró en vigor oficialmente el pasado 17 de diciembre, dejando a los Estados miembros un periodo de 2 años para trasponer la Directiva en sus respectivos ordenamientos nacionales.
Los Tribunales ya han asumido la responsabilidad penal de las empresas por los delitos cometidos por sus administradores, representantes legales o por quienes están sometidos a la autoridad de éstos (trabajadores, voluntarios, etc.).
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en el Código Penal a través de la promulgación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, quedando regulada en el art.31 bis CP.
Las reformas del Código Penal llevadas a cabo por las Leyes Orgánicas 5/2010, de 22 de junio y 1/2015, de 30 de marzo, introdujeron la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este mismo año, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, ha modificado diversos delitos del Código Penal por los cuales puede responder una compañía, reafirmando así una cultura de cumplimiento normativo.
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