Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJ de Navarra) sobre un caso de acoso laboral, pone en relevancia la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y la correcta aplicación de la doctrina del acoso laboral. La confirmación de la nulidad del despido, la readmisión de la trabajadora y la indemnización de 30.000 euros sienta un precedente importante en la jurisdicción social.
Fundamentos de derecho en la acreditación del acoso laboral
La Sala de lo Social del TSJ de Navarra, al ratificar la decisión del Juzgado de lo Social nº 2 de Pamplona, se basa en una sólida apreciación de la prueba. La sentencia destaca la importancia de la prueba pericial psicológica para acreditar el daño sufrido por la trabajadora, elemento esencial para configurar jurídicamente el acoso laboral. El tribunal subraya la concurrencia de los tres elementos definitorios del acoso laboral, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo:
- Hostigamiento prolongado: La sentencia considera probado el hostigamiento sistemático sufrido por la profesora desde 2022, evidenciado por humillaciones, insultos y desprecios.
- Menoscabo en la dignidad del trabajador: Las acciones del coordinador fueron consideradas lesivas para la dignidad profesional y personal de la docente.
- Afectación a la salud: La prueba pericial confirmó el impacto negativo del hostigamiento en la salud psicológica de la trabajadora.
La nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales
Un aspecto jurídico crucial de la sentencia reside en la declaración de nulidad del despido. El tribunal desestima los argumentos del colegio basados en supuestos problemas de coordinación y mal ambiente laboral. La admisión por parte de la dirección de la improcedencia del cese en sede judicial debilita aún más su posición.
La nulidad se fundamenta en que el despido se considera una reacción empresarial ante el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la trabajadora, en este caso, su derecho a la integridad moral y a un ambiente de trabajo libre de acoso. Esta conexión entre el despido y la situación de acoso laboral es clave para la declaración de nulidad, con las consiguientes obligaciones de readmisión y abono de salarios de tramitación.
Aplicación de la doctrina del TS sobre acoso laboral
La sentencia del TSJ de Navarra se alinea estrictamente con la doctrina consolidada del Tribunal Supremo en materia de acoso laboral. Esta doctrina exige un hostigamiento continuado y deliberado que afecte la dignidad y la salud del trabajador. La carga de la prueba recae en el trabajador demandante, quien debe acreditar la existencia de estos elementos. En este caso, la profesora logró superar esta carga probatoria mediante la presentación de testigos y la concluyente prueba pericial.
Por otro lado, la empresa no logró demostrar una causa objetiva y razonable para el despido, lo que refuerza la conclusión de que la verdadera motivación del cese estuvo ligada a la situación de acoso laboral.
Conclusión: Implicaciones jurídicas y protección de los trabajadores
En primer lugar, esta sentencia del TSJ de Navarra refuerza la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente el derecho a la integridad moral y a un ambiente de trabajo digno, y establece un precedente importante en la lucha contra el acoso laboral en el ámbito jurisdiccional social, subrayando la importancia de los mecanismos judiciales. Destaca la necesidad de una investigación rigurosa de las denuncias y una valoración exhaustiva de las pruebas, incluyendo los informes periciales psicológicos.
Además, la decisión subraya la necesidad de que las empresas implementen protocolos efectivos de prevención y actuación frente a situaciones de acoso laboral para evitar consecuencias legales y proteger el bienestar de sus empleados.
En definitiva, la confirmación de la indemnización de 30.000 euros tiene como objetivo reparar el daño causado a la víctima, aunque la dimensión del sufrimiento humano a menudo trasciende la compensación económica. La obligación de readmisión busca restablecer la situación laboral previa al acto ilícito, garantizando el derecho al trabajo en un entorno seguro.
