El Juzgado 104 de Madrid, especializado en contratos bancarios, productos financieros y de inversión, ha dado un paso al frente en la lucha contra las prácticas abusivas de las entidades financieras.
Su reciente comunicado, dirigido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y al Banco de España, ha puesto de manifiesto una situación insostenible: bancos que obligan a los consumidores a ir a juicio por casos de tarjetas revolving que, en el 95% de las ocasiones, se resuelven a favor del cliente.
Frente al colapso judicial de litigios de cláusulas abusivas en hipotecas, lanza una propuesta de proporcionar un listado de las entidades que incurren en estas prácticas abusivas busca que se investiguen posibles infracciones administrativas.
ASUFIN: Años denunciando el abuso
Desde la asociación de consumidores financieros ASUFIN, su presidenta, Patricia Suárez, ha celebrado esta iniciativa, recordando que llevan años denunciando el abuso que hacen las entidades bancarias de los tribunales para dilatar los procesos y retrasar los pagos a los clientes por mala praxis.
Un sistema judicial al servicio de la banca
ASUFIN denuncia que los juzgados especializados en revolving y cláusulas abusivas constituyen un rescate encubierto a la banca, ya que se financian con los impuestos de todos los ciudadanos. Mientras tanto, otros juzgados, como el 72 de Madrid, cargan al consumidor con los costes del pleito, incluso cuando se les da la razón, lo que supone un claro desincentivo para defender sus derechos.
Nuevas medidas
Desde ASUFIN, esperan que la Dirección General de Consumo y el Banco de España tomen cartas en el asunto y reaccionen ante el comportamiento inadmisible de las entidades financieras. Además, siguen reclamando la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que podría ser una solución a este limbo en el que se encuentran los consumidores.
En definitiva, con este comunicado del Juzgado 104 de Madrid, se espera un toque de atención a las autoridades y a la sociedad en general, con el objetivo de poner fin a los abusos bancarios y garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados.
