A finales de junio, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio por el que se acordó prorrogar 6 meses más la limitación de la subida del alquiler al 2% aprobada en marzo mediante el Real Decreto-ley 6/2022, junto a otras medidas económicas encaminadas a limitar los efectos de la inflación y de la guerra en Ucrania.
En concreto, la norma establece que los propietarios no podrán aumentar el precio del alquiler por encima de la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado actualmente por encima del 4%, según el último dato del INE.
Más de 1.000 propietarios particulares, todos ellos miembros de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), están a favor de reclamar compensaciones al Estado por la limitación de subidas del alquiler impuesta por el Gobierno.
Transferencia de rentas
ASVAL considera injusto que el Gobierno no establezca compensaciones a los propietarios ante este perjuicio económico, al igual que se han concedido ayudas parecidas en otros sectores de la actividad económica.
Tras una consulta realizada por la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) entre sus miembros, el 95% de sus asociados se posicionan a favor de solicitar compensaciones al Estado, ante el temor de que esta medida pueda convertirse en una limitación permanente mientras se mantengan las altas tasas de inflación.
Argumentan que, con esta limitación al incremento de las rentas, se produce una transferencia de renta de los propietarios a los inquilinos injustificada, máxime teniendo en cuenta que el 95% de los arrendadores en España son pequeños propietarios.
Consideran, además, que ellos también están sufriendo los rigores de la inflación en su actividad inmobiliaria, un efecto que no están pudiendo trasladar a los precios, pese a que la Ley de Arrendamientos Urbanos que rige los contratos de este mercado contempla esta posibilidad siendo, de hecho, una obligación la actualización de las rentas con el IPC.
