El pasado 22 de diciembre, el Parlamento aprobó la ‘Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones’, tras culminar su trámite parlamentario.
Como ya os contamos en esta anterior entrada: Aprobado el Proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones, la reforma del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social estaba pendiente de su ratificación por en el Parlamento y, tras su paso por el Congreso y el Senado, ya es efectiva desde el 1 de enero de 2022.
La nueva norma fija un marco estable de revalorización de las pensiones. De acuerdo con él, el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior.
Para este año, la subida será del 2,5% para las pensiones contributivas. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la cuantía de las pensiones quedará inalterada. Con este nuevo mecanismo se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y se corrige definitivamente la fórmula introducida en 2013, cuya aplicación estaba suspendida desde 2018.
Además de las medidas dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación, con los 4 tipos de jubilación previstos (en la entrada arriba indicada, os lo contamos en detalle), en la tramitación parlamentaria se han introducido una serie de mejoras, entre las que destacamos el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
Mecanismo de Equidad Intergeneracional
El MEI es un sistema que sustituye al Factor de Sostenibilidad, aprobado en la reforma de las pensiones de 2013 para garantizar la financiación de las pensiones. El objetivo del nuevo mecanismo es tratar de repartir de un modo equilibrado entre generaciones el esfuerzo de financiar las pensiones.
Este mecanismo establece dos componentes:
- Reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para financiar el sistema a través de las aportaciones de los trabajadores entre 2023 y 2032. Esa aportación será de un 0,6% de la cotización por contingencias comunes, el equivalente a un aumento de 11,86 euros mensuales para una pensión de jubilación media, repartida entre empresa (0,5 puntos porcentuales o 9,89 euros) y trabajador (0,1 restante, 1,97 euros).
Esta partida servirá como un colchón en el caso de que se prevea un desvío del gasto en pensiones para 2050. De ocurrir este escenario, la llamada hucha de las pensiones, que hoy solo cuenta con unos 2.000 millones, se activará en 2033. De no ser necesario utilizar esta “válvula de seguridad”, el Fondo se utilizará para reducir cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones. - Si a partir de 2033, los informes de envejecimiento de la Comisión Europea revelan una desviación de la previsión de gasto en 2050, se utilizará el citado Fondo, con un límite anual del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB). En caso de que el montante fuera insuficiente, Gobierno y agentes sociales elevarán una propuesta para aumentar los ingresos del sistema al Pacto de Toledo.
Otras mejoras
El nuevo texto también establece medidas para el fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema:
- La Ley de Presupuestos Generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes en cumplimiento de la recomendación 1ª del Pacto de Toledo de 2020. Dicha transferencia ya se incluía en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y se amplía en los de 2022.
- Además, en cumplimiento de la recomendación 8ª del Pacto de Toledo, la Ley hace referencia a la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses, entre otros puntos.
- Finalmente, se mantiene en su regulación actual con carácter indefinido la llamada ‘cláusula de salvaguarda’, dirigida a todos los trabajadores que salieron del mercado laboral en la anterior crisis, para que se les aplique el régimen de jubilación preexistente antes de la reforma de pensiones de 2011.
