La propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo elaborada por la Comisión Europea, por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad y transparencia retributiva sigue su tramitación como procedimiento legislativo ordinario, tras el dictamen favorable del Comité Económico y Social Europeo (CESE), obtenido el pasado 9 de junio.

El texto fijará medidas de transparencia retributiva, como la necesidad de informar de antemano a quien postule a un puesto de trabajo sobre cuál va a ser su salario, o la obligación para las grandes empresas, con más de 250 trabajadores, de informar sobre la brecha retributiva de género.

De aprobarse, esta Directiva Europea también incluye la obligación de las empresas de proporcionar a los trabajadores que lo soliciten información sobre la retribución individual, desglosada por sexo y categoría de trabajadores y refuerza los instrumentos para que puedan hacer valer sus derechos, facilitando además su acceso a la justicia.

Por otro lado, los empleadores no podrán solicitar el historial salarial durante un proceso de selección y en casos de discriminación retributiva, las personas afectadas tendrán derecho a una indemnización.

Compensaciones y sanciones

Así, la normativa establecerá compensaciones para quienes hayan sufrido discriminación retributiva por razón de género, pudiendo comprender el reembolso de los atrasos y las primas o pagos en especie relacionados. Además, y por defecto, serán los empleadores, y no quienes trabajen para ellos, los que tendrán que demostrar la ausencia de discriminación.

Además, prevé sanciones para aquellos casos en los que se repita una infracción, que deberán ser baremadas de forma específica por los Estados miembros, con una indicación de cuáles son las multas mínimas.

En principio, la mayoría de las delegaciones han acogido favorablemente la propuesta, coincidiendo en la importancia de luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, como valor social compartido dentro de la UE.

La propuesta sigue siendo debatida en el Consejo Europeo, si bien el Parlamento Europeo no ha formulado aún su posición en primera lectura.

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