El whistleblowing, también conocido como denuncia de irregularidades o revelación de información confidencial, se ha convertido en una herramienta importante para promover la transparencia y la responsabilidad corporativa en todo el mundo.
A medida que aumentan los escándalos y las prácticas empresariales cuestionables, la figura del whistleblower emerge como un agente de cambio que busca exponer y corregir conductas ilegales o éticamente cuestionables dentro de las organizaciones.
En este artículo, exploraremos el concepto del whistleblowing, sus beneficios y desafíos, así como el marco legal y las protecciones disponibles para aquellos que deciden alzar la voz.
¿Qué es el whistleblowing?
El whistleblowing se refiere al acto de informar, de manera ética y responsable, sobre actividades ilícitas, fraudulentas, peligrosas o inapropiadas dentro de una organización.
Los whistleblowers son individuos que, con base en su conocimiento interno, deciden denunciar estas irregularidades, a menudo arriesgando su empleo, reputación y seguridad personal en el proceso.
Beneficios del whistleblowing
- Detección temprana de irregularidades: Los whistleblowers pueden alertar sobre actividades ilegales o inmorales antes de que se conviertan en problemas mayores, permitiendo una acción correctiva o preventiva oportuna.
- Mejora de la transparencia y la ética empresarial: La denuncia de irregularidades promueve una cultura de transparencia y ética dentro de las organizaciones, fomentando la rendición de cuentas y el cumplimiento de las normas legales y éticas.
- Protección de los intereses públicos: Los whistleblowers pueden proteger los intereses de los empleados, los consumidores y el público en general al exponer prácticas peligrosas o engañosas que podrían afectar negativamente a la sociedad.
Desafíos y consideraciones
- Temor a represalias: Los whistleblowers a menudo enfrentan amenazas de represalias, como el despido, la marginación o el acoso laboral. Es fundamental establecer mecanismos de protección efectivos para garantizar su seguridad y bienestar.
- Confidencialidad y anonimato: La confidencialidad y el anonimato son aspectos clave para proteger la identidad de los whistleblowers y evitar su exposición innecesaria.
- Veracidad y evidencia: Las denuncias deben ser fundamentadas en información precisa y respaldadas por pruebas sólidas para que puedan ser investigadas adecuadamente.
Marco legal y protecciones
Varios países cuentan con leyes y regulaciones que protegen a los whistleblowers y promueven la divulgación responsable. Estas leyes proporcionan salvaguardias legales para prevenir represalias y ofrecen incentivos para motivar a los whistleblowers a presentar sus denuncias.
En España, se ha procedido este año a la transposición de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como “Directiva Whistleblowing”. Así, en marzo de este mismo año, entraba en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, cuyo Proyecto de Ley os anticipábamos cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros.
En virtud del nuevo marco legal español se establece que este canal de denuncias se implante en las personas jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores, así como partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
La implantación debe ser inminente ya que el plazo máximo para el establecimiento de estos sistemas de información es de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, con excepción de las entidades jurídicas del sector privado con 249 trabajadores o menos, el plazo se extiende hasta el 1 de diciembre de 2023.
Una vez acabados estos plazos, se entenderá que las entidades que no se hayan adaptado a las exigencias de este marco legal podrán ser sancionadas por su incumplimiento con multas de hasta 1 millón de euros.
Por eso, desde Aesyr Abogados le recomendamos ser previsor y empezar a trabajar en la implantación de su canal de denuncias. Nuestro equipo de profesionales está preparado para ayudarle en todo el proceso.
