Los retos y oportunidades para 2022 en el mundo jurídico, bien merecen una última entrada de reflexión y análisis sobre el futuro que nos espera.
Los cambios macroeconómicos y sociales se han acelerando exponencialmente durante los últimos años, sobre todo, tras la pandemia de la COVID19. Si algo nos ha enseñado, es que hay que adaptarse sin apenas previsiones.
En este contexto, la transformación digital de las empresas conlleva nuevas exigencias de los clientes que, para los despachos, son el principal catalizador del cambio. Sin embargo, la realidad nos demuestra que hay una enorme desconexión y brecha entre el mundo jurídico y la evolución de los negocios.
La clave estará en la diversidad y en la eficiencia con que los despachos podamos adaptarnos a la necesidad de transformación de las organizaciones, una cuestión clave para poder vender un proyecto de operaciones legales.
Se impone la necesidad de que las firmas trabajemos con las empresas y no solo para ellas, como venía siendo lo habitual.
A continuación, nos detenemos en temas fundamentales para que esta transformación sea una estrategia ganadora tanto para empresas como para los despachos legales.
Gestión de la ciberseguridad
La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación cada vez mayor, tanto para las compañías como para los bufetes de abogados.
No es solo que cualquier organización pueda ser víctima de un ataque, es que la ciberdelincuencia está alcanzando un alto nivel de especialización y sofisticación.
La ciberseguridad ya no es solo una cuestión profesional, sino también personal, pues la identidad personal y la profesional están ligadas. Por eso, con frecuencia los ataques se canalizan a través de la familia y los amigos, vinculando ambos mundos.
Si cualquier organización es susceptible de ser atacada, para los despachos, la ciberseguridad debe ser un asunto de la mayor importancia, pues la filtración de una operación en marcha puede ser un escenario de pesadilla, que suponga no solo perder un cliente, sino además la reputación de firma, además de poder suponerle un elevado riesgo económico.
Por ello hay que considerarla como una cuestión de gestión de riesgo, para prevenir sus efectos.
Es necesario que los despachos protejan al máximo sus propios procesos internos, cuya paralización impide dar soporte a sus clientes, así como los datos de estos, porque su pérdida puede suponer un grave impacto reputacional y regulatorio.
No hay que olvidar, que la ciberseguridad es un sector recientemente regulado, con mucho futuro jurídico. De ahí la importancia de la formación sobre ciberseguridad en las organizaciones, pues las personas son siempre el eslabón más débil de la cadena.
Para ello, se requiere el apoyo de la alta dirección y la implicación de toda la organización, pues la formación es crucial para prevenir numerosos ataques.
La sostenibilidad en el mundo jurídico
Las relaciones entre las empresas y la sociedad se están transformando a un ritmo vertiginoso, en un proceso en el que los agentes económicos están asumiendo un compromiso cada vez mayor frente a los grandes retos sociales, éticos y medioambientales del presente y el futuro concretados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
El sector legal no debe quedarse atrás y tiene ante sí la oportunidad de ganar capacidad de influencia en este contexto, en el que muchas empresas están demandando alineamiento de valores de sus proveedores de servicios legales.
Apostar por la sostenibilidad en las firmas, no solo las colocará a la vanguardia del mercado, sino que, además, favorecerá dicho alineamiento.
El futuro ya es el presente y la sostenibilidad tendrá gran protagonismo en 2022.
Sin compliance no hay ayudas
Otra cuestión clave para el año que viene, será contar con programas específicos de cumplimiento normativo de las empresas. Desde la publicación el pasado 30 de septiembre de la Orden Ministerial HFP/1030/2021, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, han saltado las alarmas en materia de compliance.
La norma establece como uno de los requisitos para acceder a los fondos europeos, el contar con un plan de cumplimiento para la detección del fraude, la corrupción y conflicto de interés.
Muchas corporaciones, principalmente grandes empresas, ya han adoptado los programas de cumplimiento normativo para evitar cualquier tipo de responsabilidad penal que pudiera recaer sobre las mismas.
Sin embargo, aún quedan muchas pequeñas y medianas empresas que no han hecho caso a esta práctica, y que ahora se encuentran con un obstáculo para acceder a los fondos europeos.
Todas aquellas pequeñas y medianas empresas que todavía no han implementado estos programas de cumplimiento, deberán ponerse manos a la obra, no solamente para poder acceder a estas ayudas, sino también para materializar su finalidad en cuanto a conciencia corporativa o valores de empresa.
Según un informe sobre ‘Confianza abierta: por qué la adhesión global está en la agenda empresarial’, elaborado por la firma internacional Mazars, el 46% de las empresas españolas ha aumentado su presupuesto de cumplimiento durante el último año y el 58% prevé hacerlo en los próximos cinco años,
Esperamos que el año que viene, muchas se animen a dar este importante paso, inevitable para seguir siendo competitivas.
