La contratación pública representó en 2018, un 9,6 % del PIB y el 23,4 % del Gasto Público, según datos de la OCDE citados por el Ministerio de Hacienda en su informe de supervisión de la Contratación Pública en España de 2020.
Según las cifras oficiales, solo las Entidades Locales celebraron más de 66.000 contratos.
Asimismo, se ha incrementado la competencia en las licitaciones públicas como consecuencia de la crisis económica y de la restricción en el sector privado, lo que puede llevar a muchas empresas a licitar para optar a nuevos contratos.
Por otro lado, hay que considerar las expectativas que generó la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, incluyendo el hecho de que hay más entidades obligadas a cumplirla (organizaciones sindicales y empresariales, fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquier de ellos siempre que su financiación sea mayoritariamente pública, etc.).
Por ello consideramos importante para las empresas, explicar todo el proceso que conlleva una licitación pública y como prepararlo debidamente.
Antes de licitar
Las empresas de obras, servicios o suministros que pretenden iniciar actividades con clientes públicos, deberán informarse con antelación sobre las obligaciones formales, la estructura y dinámica de cada contratación, así como sobre de los portales digitales de uso obligatorio para la presentación de sus ofertas.
En este sentido, es importante contar con asesoría legal para:
- La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores (ROLECE), obligatorio para participar en la mayor parte de las licitaciones.
- Contar con asesoramiento en la clasificación empresarial.
- Recibir formación interna sobre los distintos tipos de contratación.
- Tener apoyo jurídico en la interpretación de los pliegos, así como en la preparación y presentación de las ofertas.
Durante la tramitación de licitación y la ejecución del contrato
La empresa licitadora deberá atender los requerimientos de la Administración o vigilar el desarrollo del concurso de forma que no se perjudiquen sus derechos, por lo que debe contar con criterios para justificar bajas temerarias o conocer el porqué de una exclusión de un procedimiento.
También es muy importante atender a los requerimientos de justificación documental de licitaciones, y determinar cuándo y por qué se exigen prestaciones no contempladas en el contrato, se imponen penalizaciones o resoluciones contractuales con incautación de garantía o se rechazan las facturas por disconformidad o se producen impagos.
Contar con una cobertura jurídica, permite tener un asesoramiento integral especializado que permita a la empresa atender todas estas cuestiones, encargándose de cualquier solicitud de interpretación o modificación contractual o de reequilibrio económico y financiero.
Además, en caso de desacuerdos o conflictos con la Administración, se encargará de interponer Recursos especiales en materia de contratación o contencioso administrativos, así como de la reclamación de impagos.
