Sorpresa, “descrédito”…estos son algunos de los adjetivos con los que se ha recibido la decisión del Tribunal Supremo tras una deliberación que ha durado dos días. El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo acordó, el pasado 6 de noviembre, y tras una completa división de opiniones, que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados lo tenía que pagar quien solicitase el crédito, y no la banca. O lo que es lo mismo, vuelta a la situación anterior. ¿Por qué? Porque así lo han decidido 15 de los 28 magistrados de la Sección Segunda, votación en la que además han faltado tres magistrados.
Durante casi 20 días los compradores se habían dejado llevar por la “ilusión” de la anterior sentencia, del 16 de octubre, que determinaba que era la entidad bancaria, y no el prestatario, quien debía pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, originarios de la formalización de la hipoteca. Durante estos días, y debido a las cuantiosas pérdidas económicas que esta decisión iba a suponer, se decidió volver a “plantear” la situación.
Cuatro eran los escenarios que se planteaban, siendo el finalmente aprobado el último, y quizás el menos previsible. Así se planteaba:
-No a la retroactividad. En el caso de que los bancos efectivamente tengan que pagar este impuesto se hará efectivo a partir de la fecha de la sentencia, por lo que los titulares de las hipotecas no podrán reclamar el pago realizado con anterioridad.
-Poder reclamar el importe de este impuesto solo a Hacienda, no a los bancos, y en un plazo de 4 años. La solicitud de devolución de ingresos indebidos se realizará a la Consejería de Hacienda de las Comunidades Autónomas, siendo Hacienda quien posteriormente lo reclamen a los bancos.
-Mantener la sentencia anterior. Lo que significa que los titulares de las hipotecas pueden reclamar a Hacienda en los próximos 4 años, y judicialmente a los bancos, mediante la acción de nulidad.
-El impuesto lo tiene que pagar el prestatario. Esta última situación iría en contra de lo marcado por el Tribunal Supremo, y supondría una vuelta a la situación anterior.
La sociedad en general, y muchos partidos políticos, se han mostrado muy sorprendidos por esta decisión, que suponemos tenga consecuencias en los próximos meses. La primera de ellas es la aprobación de un Real Decreto, aprobado por el Gobierno, para que sean los bancos, y no los clientes, quienes paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, un coste que se estima les puede suponer unos 2.000 millones de euros anuales. Ante esta medida los bancos ya están respondiendo, preparan una subida de los precios de las hipotecas en los próximos días.
En cualquier caso, tenemos la sensación de que este asunto no está terminado, y en AESYR & Abogados estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra, para poder asesorar y aconsejar a los futuros compradores.
