La Comisión de Justicia del Congreso aprobó, el pasado mes de abril, una Proposición de Ley por la que se impulsa la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), con el objetivo de proteger la propiedad privada frente a la okupación ilegal. Dicha reforma persigue sentar los instrumentos legales que permitan acelerar el proceso en caso de desahucios de viviendas ocupadas, dado que hasta el momento se puede prolongar desde los 18 meses a los dos años, y que dicha reforma propone dejar en solo dos meses. Esta situación había hecho surgir mafias que se aprovechaban de esta “lentitud legal”.
El texto, aprobado en competencia legislativa plena, se centra en la protección de los derechos de los pequeños propietarios, las ONGs y entidades públicas propietarias o propietarios de viviendas sociales, dejando fuera a las entidades financieras, promotoras y fondos buitre. Tampoco podrán beneficiarse de esta modalidad los propietarios de viviendas cuyos inquilinos dejen de pagar la renta en alquiler, en cuyo caso sigue el vigor el proceso existente.
La norma deberá pasar el trámite de la Cámara Alta, pero se prevé que no encuentre obstáculos para salir adelante. Con su entrada en vigor se hará realidad el “desalojo exprés” de estas viviendas.
