La normativa española limita el uso del efectivo en determinadas operaciones económicas con el objetivo de reforzar el control fiscal y reducir la economía sumergida.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es uno de los tributos municipales más habituales, pero también uno de los que más dudas genera cuando la titularidad del inmueble está dividida.
Cuando un particular obtiene un premio en un sorteo promocional (por ejemplo, organizado por una marca en Instagram), dicho premio no se considera un rendimiento del trabajo ni de actividades económicas.
En la planificación patrimonial, las donaciones en vida son una herramienta frecuente. Sin embargo, su aparente simplicidad puede esconder importantes consecuencias en el momento de repartir la herencia, especialmente en lo que respecta a las legítimas.
El Tribunal Supremo ha confirmado recientemente que los propietarios pueden instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos en su plaza de garaje sin necesidad de obtener la aprobación de la comunidad de propietarios.
El cumplimiento íntegro de una pena privativa de libertad marca, en nuestro ordenamiento jurídico, un punto de inflexión claro: la extinción de la responsabilidad penal y la recuperación plena de la condición de ciudadano.
El cuidado de familiares en situación de dependencia ha recaído tradicionalmente sobre las mujeres, con un impacto directo y prolongado en sus carreras profesionales y, en consecuencia, en sus cotizaciones a la Seguridad Social.
La Audiencia Provincial de Murcia ha dictado una reciente resolución de gran interés práctico en materia de familia, al acordar la extinción de una pensión compensatoria de 2.000 euros mensuales que un exmarido venía abonando a su anterior cónyuge.
El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre una cuestión clave en materia sucesoria. En su Sentencia n.º 1311/2025, de 25 de septiembre, el Alto Tribunal ha determinado que el silencio del llamado a heredar tras ser emplazado judicialmente no puede interpretarse como aceptación de la herencia.
El TSJ de Cantabria marca un precedente: el daño moral por la denegación del complemento de maternidad no prescribe.
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