El panorama laboral español ha dado un paso significativo hacia la inclusión y la protección de los derechos de los trabajadores con discapacidad. El Senado ha aprobado de forma definitiva la ley que elimina el despido automático basado en el reconocimiento de una incapacidad permanente. Esta decisión, tomada con una amplia mayoría de 251 votos a favor y tan solo 3 en contra, marca un antes y un después en cómo se aborda esta situación en el ámbito laboral.
Hasta ahora, el simple reconocimiento de una incapacidad permanente (ya sea total, absoluta o de gran invalidez) era motivo suficiente para la extinción automática del contrato de trabajo. Esta práctica, afortunadamente, ha llegado a su fin gracias a esta nueva legislación que modifica el Estatuto de los Trabajadores.
¿Qué implica este cambio trascendental?
La clave de esta reforma radica en otorgar al trabajador un papel central en la decisión sobre su futuro laboral. Con la nueva ley, será el propio empleado quien decida si desea la extinción de su contrato o si prefiere explorar otras vías, como la adaptación de su puesto de trabajo o la búsqueda de una nueva ocupación dentro de la misma empresa.
Este cambio legislativo tiene como objetivo principal garantizar de manera más efectiva el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad. Reconoce que una incapacidad permanente no siempre implica la imposibilidad total de trabajar y que, con los ajustes adecuados, muchos profesionales pueden seguir contribuyendo valiosamente al mundo laboral.
La adaptación del puesto: un derecho con límites
La ley contempla la posibilidad de que la empresa adapte el puesto de trabajo a las nuevas necesidades del empleado. Sin embargo, se introduce un límite importante: la adaptación no será obligatoria si supone una «carga excesiva» para la empresa. Se especifica que si el coste de la adaptación no supera la indemnización que correspondería por un despido o el equivalente a seis meses de salario, la empresa no podrá alegar dicha «carga excesiva». Esto busca evitar que las empresas utilicen esta cláusula de manera injustificada para evitar retener a trabajadores con discapacidad.
Nuevos plazos para la acción
La nueva normativa también establece plazos claros para ambas partes. Una vez notificado el reconocimiento de la incapacidad permanente, el trabajador dispone de un mes para solicitar el mantenimiento de su puesto. A partir de esa solicitud, la empresa tendrá un plazo de tres meses para llevar a cabo la adaptación necesaria, ofrecer un cambio de puesto o, en última instancia, extinguir el contrato si se cumplen las condiciones requeridas.
Un paso adelante hacia un mercado laboral más inclusivo
La aprobación de esta ley por el Senado representa un avance significativo hacia un mercado laboral más justo e inclusivo, partiendo de la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores con discapacidad y fomentar su integración en el empleo. Elimina una práctica que, a menudo, dejaba en una situación de vulnerabilidad a personas que, a pesar de su incapacidad, podían y deseaban seguir trabajando. Ahora, la decisión recae en el trabajador, abriendo la puerta a la continuidad laboral y a la igualdad de oportunidades.
