El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, marcando un hito en la promoción de la igualdad de género en los ámbitos decisorios de la vida política, económica y social en España. Esta nueva ley, que ha entrado en vigor 22 de agosto, introduce cambios significativos en diversas normativas del ordenamiento jurídico español, con el objetivo de asegurar una representación equitativa de las mujeres en las esferas de poder.
Contexto y objetivos de la ley
La Ley de Representación Paritaria responde a la necesidad de cumplir con la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo, que aboga por un equilibrio de género más equitativo entre los administradores de las sociedades cotizadas en Europa. España, con esta normativa, no solo traspone la directiva europea, sino que también se posiciona a la vanguardia en la adopción de medidas internacionales destinadas a promover la igualdad de género.
Actualmente, la representación de las mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España es del 29,3%, y se reduce a un 19,6% en los puestos de alta dirección. La nueva ley busca revertir estas cifras, imponiendo un marco normativo que obliga a las empresas y entidades públicas a garantizar una presencia femenina mínima del 40% en sus órganos de gobierno y dirección.
Principales cambios en el ámbito empresarial
La nueva normativa establece que los consejos de administración de las sociedades cotizadas y de las entidades de interés público con más de 250 empleados, o con una facturación superior a 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones, deben cumplir con el principio de paridad. Esta disposición obliga a que el número de mujeres no sea inferior al 40% del total de miembros del consejo. Para asegurar el cumplimiento, se deberán adaptar los procesos de selección, priorizando al sexo menos representado en caso de empate entre candidatos.
El incumplimiento de esta norma será considerado una infracción grave, lo que pone de relieve el compromiso del legislador español con la igualdad de género y la necesidad de un cambio profundo en la cultura corporativa del país.
Implicaciones en el ámbito político y de la administración pública
La Ley de Representación Paritaria también introduce importantes modificaciones en el ámbito político. A partir de ahora, se implementará la obligatoriedad de las listas cremallera en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares. Este sistema exige que las candidaturas estén compuestas de forma alterna por hombres y mujeres, garantizando así una representación equilibrada en las instituciones democráticas.
Asimismo, el principio de representación equilibrada se extiende al Consejo de Ministros, donde ningún sexo podrá ocupar menos del 40% de los puestos. Esta medida afectará tanto a las vicepresidencias como a los ministerios, asegurando una mayor participación de mujeres en los niveles más altos del gobierno.
En cuanto a la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos tendrán un plazo de cinco años para incorporar el principio de paridad. Esta obligación se extiende a todas las entidades del sector público estatal, incluidos los colegios profesionales, tribunales y jurados constituidos para la concesión de premios o condecoraciones financiados por el Estado.
Un paso decisivo hacia la igualdad
Con la aprobación de esta ley, España avanza significativamente en el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, específicamente en el objetivo número 5, que busca alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. La Ley de Representación Paritaria no solo busca garantizar una representación justa en los puestos de poder, sino que también pretende transformar la sociedad hacia un modelo más inclusivo y equitativo.
La aplicación efectiva de esta ley requerirá un compromiso firme tanto del sector público como del privado para adoptar las medidas necesarias que aseguren una representación equilibrada. Este es un paso decisivo hacia una sociedad más justa, donde la igualdad de oportunidades no solo sea un principio teórico, sino una realidad palpable en todos los ámbitos.
