La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a 25 empresas y a 2 asociaciones por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la prestación de servicios de transporte público por carretera en Cantabria, tanto de carácter regular como discrecional, con especial incidencia en el transporte de viajeros.
El origen de este expediente fue la denuncia de la Federación Cántabra de Taxi, además de la información recabada durante las inspecciones llevadas a cabo en el mes de febrero en las sedes de Autobuses Benito, S.L.; Autobuses Palomera, S.A. y Transportes Terrestres Cántabros, S.A., cuyo resultado fue la acción de la CNMC. La investigación se dirigió a la presunta participación en prácticas anticompetitivas, como la fijación de precios y el reparto de clientes, y/o adjudicaciones de licitaciones convocadas para la prestación de servicios transporte público por carretera en Cantabria.
Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación.
Este tema guarda muchas similitudes con el de los cárteles de camiones, en cuyas reclamaciones AESYR & Abogados e Hispajuris ha sido pionero, por lo que se cuenta con una amplia experiencia en la reclamación de daños frente a conductas contrarias a la competencia.
