Cuatro meses después de que tuviera lugar la resolución y venta de Banco Popular a Banco Santander, los accionistas y bonistas afectados que vieron cómo sus ahorros se esfumaban de la noche a la mañana, siguen preguntándose –a día de hoy- si existe alguna opción para recuperar su dinero y en caso afirmativo, si ésta les brinda las garantías suficientes como para no volver a perder todos sus ahorros.
Al mismo tiempo, las querellas y recursos siguen acumulándose ante las puertas de los Tribunales, acusando a los Consejos de Administración de Banco Popular y a la firma Auditora de la entidad de delitos de falsedad contable, fraude de inversores o administración desleal –entre otros- y exigiendo explicaciones y responsabilidades acerca de la resolución de la entidad. Unas reclamaciones a las que hay que añadir las que, en las últimas semanas, se están dirigiendo contra las Autoridades Europeas.
Al hilo de lo anterior, los últimos en unirse a esta oleada de reclamaciones han sido cinco ex accionistas de Banco Popular y Banco Pastor (entidad propiedad de Banco Popular desde el año 2011) que recientemente, a mediados del mes de octubre, han interpuesto cinco recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, contra la Resolución de la Comisión Rectora del FROB, por “adoptar las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR)” que puso en marcha el dispositivo de resolución de la entidad el pasado 7 de junio.
Cinco recursos que se unen a los presentados hace algunas semanas, contra la misma Autoridad, por José Ramón Estévez Puerto -exconsejero independiente y ex vocal del consejo de administración del Banco Popular-; José María Arias Mosquera -ex vicepresidente segundo del Popular y expresidente del Banco Pastor-; y Manuel Alfonso Sánchez del Valle -sobrino de Antonio del Valle, el accionista mexicano que se querelló contra Ángel Ron (quien fuera presidente del Banco Popular antes de la resolución de la entidad) poco tiempo después de conocerse la resolución del banco que le supuso pérdidas millonarias.
Por su parte, Banco Santander aumenta sus provisiones para litigios, a fin de protegerse de las posibles consecuencias futuras y anuncia que el siguiente paso para lograr la integración del Banco Popular en su Grupo será replicar el consejo de Banco Santander en España, en el banco adquirido.
Y mientras esto sucede, la entidad cántabra presidida por Ana Patricia Botín continúa ofreciendo a los titulares de acciones minoritarias y obligaciones subordinadas Tier 2 afectados por la resolución de la entidad un plan de compensación -llamado “Acción de fidelización”-, cuyo plazo de aceptación está previsto que termine el día 7 de diciembre de 2017.
Se trata de una medida a través de la que se pretende que; aquellos inversores que reúnan determinados requisitos puedan recibir una especie de “canje” o “compensación” de los importes equivalentes a su inversión por “Bonos de Fidelización”, valores negociables emitidos por el Banco Santander, de 100 € de valor nominal pero 70€ de valor real de mercado.
Una oferta que no está exenta de polémica, ya que se encuentra condicionada al cumplimiento de determinados y exhaustivos REQUISITOS que implican, entre otras, la asunción de un elevado número de RIESGOS, entre los que se destaca la renuncia expresa, irrevocable e incondicional al ejercicio de acciones y reclamaciones legales futuras contra cualquiera de las sociedades integrantes del Grupo Santander.
