Las empresas que no adopten estas medidas pueden enfrentarse a importantes sanciones.
La Ley obliga a adoptar medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos y así que tenga lugar la responsabilidad penal de la empresa.
Llamamos la atención de todos aquellos empresarios que desconocen esta importante cuestión pues su incumplimiento puede acarrear graves sanciones.
La responsabilidad penal de la empresa y sus consecuencias:
Según la actual legislación penal, en caso de que tanto los administradores, como los directivos o trabajadores cometan delitos en el ámbito de su actividad, las empresas pueden ser declaradas penalmente responsables.
La responsabilidad penal de las empresas puede acarrear la imposición de sanciones que pasan por multas, suspensión temporal de actividades y cierre de oficinas, inhabilitaciones para recibir subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público, recibir beneficios o incentivos fiscales hasta las más graves de intervención judicial o disolución.
La Compliance Penal como forma de evitar sanciones:
Para evitar esta responsabilidad las empresas deben haber establecido un sistema y una política preventiva de comisión de delitos (también conocida como “compliance penal”).
Se trata, en definitiva de modelos de gestión que incluyan medidas de vigilancia y control que sirvan para prevenir delitos o reducir los riesgos de su comisión.
A grandes rasgos, para la implantación de estas medidas se deberá llevar a cabo un trabajo de análisis de la actividad de cada empresa y puntos de riesgo de la comisión de delitos; creando un procedimiento que recoja la implantación de medidas preventivas y correctivas.
Este modelo de prevención una vez implantado debe ser supervisado y actualizado.
